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Viernes, 19 de Mayo de 2017 14:21

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria proponen medidas para hacer de Güímar una ciudad libre de desahucios

logos_ssp-iucAmbas organizaciones registran una moción conjunta para que el pleno apoye dar garantías de una vida digna a la ciudadanía del municipio

 

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) proponen declarar Güímar ciudad libre de desahucios y, con este fin, han registrado una moción conjunta que defenderá la concejala del grupo municipal ecosocialista en la corporación, Lourdes Galindo. El objetivo de ambas organizaciones es obtener del pleno del Ayuntamiento de Güímar el apoyo a una iniciativa que ofrece garantías de una vida digna a la ciudadanía del municipio en un aspecto tan esencial como el derecho a la vivienda.

La iniciativa propone la creación de un Servicio Municipal de Vivienda que ofrezca a la ciudadanía del municipio orientación jurídica y práctica en materia hipotecaria y de alquileres, que siga y evalúe los casos de afectados por hipotecas en colaboración el Área de Servicios Sociales, que elabore un registro de demandantes de vivienda y de un censo de viviendas vacías y que estudie la creación de un Plan Municipal de Vivienda.

Igualmente, la moción incluye instar al Gobierno de Canarias para que adopte medidas legales dirigidas a asegurar el cumplimiento la función social de la vivienda en la Comunidad Autónoma, en la línea de lo aprobado en este sentido por la Junta de Andalucía en 2013 y al Gobierno estatal a hacer los cambios jurídicos necesarios para garantizar la paralización de los desahucios, la dación en pago y el efectivo derecho a la vivienda.

Sí se puede e IUC consideran de vital importancia la aprobación de esta propuesta para atender la precariedad con la que conviven muchas familias del municipio, muchas de ellas, despojadas de toda dignidad por la acción de la banca. Igualmente, llaman la atención sobre el desalojo completo de una urbanización del barrio de San Juan ocupada por varias familias, lo que pone de manifiesto el grave problema de vivienda que afecta al municipio.

La falta de un censo de viviendas vacías y de una bolsa de viviendas sociales hace que muchas familias sin recursos recurran a la ocupación como método para alcanzar un mínimo de dignidad y son la expresión de una situación que ambas organizaciones califican de emergencia social. El Ayuntamiento de Güímar no ha afrontado esta situación y solo ha adoptado medidas que son meros parches circunstanciales.

La defensa de la función social de la vivienda es uno de los factores clave para evitar la exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad para todas las personas; por ese motivo, se trata de un derecho consagrado en la Constitución. En cambio, a raíz de la crisis, se han multiplicado los mecanismos por los que muchas familias han sido despojadas de este derecho esencial mientras las entidades financieras atesoran viviendas a partir de las ejecuciones hipotecarias, que mantienen desocupadas tras los desahucios a la espera de mejores condiciones para su explotación en el mercado.