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Viernes, 14 de Julio de 2017 13:03

Unid@s se puede estudiará personarse en el caso del trabajador municipal que cobraba su sueldo mientras estaba en Tenerife II

Logo_unids_ok_phixrLa edil de Unid@s se puede, Idaira Afonso, registró para el Pleno de mayo una pregunta sobre si el Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento conocía en qué punto del proceso judicial se encontraba una denuncia presentada a finales de 2015, en la que se ponía en conocimiento de la Fiscalía la posibilidad de que un trabajador municipal, ingresado en prisión desde 2013, estuviese percibiendo un sueldo del Consistorio.

“Hasta la fecha no se ha respondido dicha cuestión, pero ayer conocimos la noticia de que Fiscalía abría diligencias de prueba y llamaba a declarar, entre otros a Javier Abreu, Mónica Martín y a José Alberto Díaz, Alcalde de la corporación”, explica.

Según el auto de oficio, al que han tenido acceso, hay toda una serie de circunstancias “preocupantes”, según la representante de Unid@s se puede porque “se desprende del documento que dos familiares se valieron de sus puestos dentro del Ayuntamiento de La Laguna para encubrir la situación de privación de libertad y simular que esa persona estaba de baja por enfermedad, cobrando retribuciones, pagas extraordinarias e incluso de especial rendimiento y dedicación; unos 75.000 euros”, comenta Afonso.

No se explica cómo la situación de Incapacidad Temporal se pudo mantener por un tiempo tan prolongado, más si la persona supuestamente enferma permanecía recluida y con acceso a los servicios médicos de la prisión. “La Fiscalía sospecha que todo fue orquestado entre el denunciado, su padre (encargado General del Ayuntamiento) y su hermana (trabajadora municipal con responsabilidad en el área de recursos humanos) para ocultar tal circunstancia al Consistorio, pero a nadie se le escapa que son personas muy conocidas, por lo que resulta sorprendente que ningún responsable político supiera nada y no protegiera de alguna manera estas conductas”.

La Justicia aclarará si ha habido delito de estafa y falsedad continuada de documento oficial. Por nuestra parte, nuestros servicios jurídicos están estudiando todas las circunstancias que dieran lugar a actuaciones legítimas y necesarias", concluye Afonso.