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Viernes, 06 de Octubre de 2017 15:24

Sí se puede denuncia a la alcaldesa y el concejal de Aguas de Vilaflor

FumeroLa organización ecosocialista apunta a presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias

 

Sí se puede ha denunciado este jueves a la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán Cano, y su primer teniente de alcalde, concejal responsable de la gestión del agua, Luciano Marrero García, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El portavoz del grupo municipal ecosocialista en el municipio tinerfeño, José Luis Fumero, firmante de la denuncia, señala cinco hechos que plantea a la consideración de la Fiscalía.

En primer lugar, Fumero informa que el pleno del Ayuntamiento de Vilaflor celebrado el pasado 28 de septiembre acordó levantar el reparo formulado por la Intervención municipal en relación a varias facturas presentadas empresas derivadas en concepto de transporte de agua en cubas y abastecimiento a la red municipal de agua potable, por valor de 11.362, 80 euros y de 12.037,50.

El portavoz ecosocialista detalla que el informe de Intervención indica como motivos para establecer su reparo “la existencia de una serie de irregularidades que por su gravedad consideramos que podrían ser constitutivo de los delitos referidos”. Se trata del pago a diversas empresas que respectivamente emiten de manera habitual con frecuencia mensual y con ánimo de continuidad facturas por servicios de mantenimiento y conservación del servicio de abastecimiento y por el servicio de suministro de cubas de agua.

Igualmente, no constan las condiciones, requisitos y formas de realizar la prestación por parte de estas empresas, de forma que, a juicio de Sí se puede, “las facturas emitidas incumplen cuanto se dispone en los preceptos precitados y requiere la formalización de la contratación estableciendo las condiciones, requisitos, plazos y precios unitarios del servicio que prestan” y esto ocurre de manera habitual, a la vista de la facturación mensual. Es decir, se trata de una adjudicación de servicios públicos municipales a empresas sin los procedimientos legales exigibles.

Los incumplimientos “se acentúan”, según la denuncia, porque se puede comprobar que “las empresas adjudicatarias carecen de solvencia técnica o capacidad para realizar los servicios contratados”, se señala en el texto de la denuncia. Además, en cuando se aborda la entrega de agua de abasto no se especifica el valor de las unidades suministradas; en cambio, hay referencias a cubas de aguas de las que se desconoce su capacidad y tampoco se aporta documentación municipal justificativa del exacto cumplimiento del servicio prestado.

Respecto al suministro de agua de abasto, Intervención señala en su informe irregularidades de enorme importancia relativas “al riesgo al que pudo estar expuesta la salud de la población del municipio”, al no acreditarse en el expediente los certificados sanitarios que exige el Programa de Vigilancia Sanitaria del Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, la norma es muy explícita, al indicar las condiciones que deben cumplirse en las distintas circunstancias relacionadas con el proceso de suministro, como los informes sanitarios preceptivos, la inspección sanitaria previa de los depósitos en origen y de las cisternas y depósitos móviles, la infraestructura y el autocontrol del agua de llenado, los puntos de llenado y de entrega.

Finalmente, el concejal de Sí se puede destaca que, en el Decreto de levantamiento del reparo la alcaldesa de Vilaflor reconoce implícitamente que tiene conocimiento de que es necesario seguir una tramitación administrativa a través de los oportunos expedientes. Sin embargo, se escuda en la baja médica del Secretario-Interventor para asegurar que carecía de servicios jurídicos para elaborar los expedientes. Este argumento “carece de sustento, dado que la denunciada conoce por razón de su cargo que los cabildos llevan a cabo una asistencia directa en estas materias a los municipios de menos de 20.000 habitantes (artículo 10 y 11 de la Ley de Cabildos)”, indica Fumero en el texto de la denuncia.

Por último, respecto al abastecimiento de agua de abasto, la alcaldesa se escuda en la situación de urgencia por problemas de suministro de agua durante el verano; sin embargo, el portavoz ecosocialista insiste en que “el municipio cuenta con agua propia que se vende a una empresa privada, que estas irregularidades vienen acaeciendo desde principios del año corriente y que, a pesar de las advertencias realizadas por Intervención en el informe emitido con fecha de 06 de julio de 2017, se continúan realizando a fecha de hoy”. Sobre el servicio de mantenimiento y conservación de la red, se alegan también razones de urgencia, dado que el operario municipal había fallecido; se trata de hecho luctuoso que acaeció en diciembre de 2016; “no obstante, continúa esta situación irregular tras diez meses”.