“Esta coalición de la izquierda verde canaria que nace con la voluntad de construir y consolidar, de forma unitaria, un espacio político para la participación ciudadana, fundamenta su programa en una apuesta decidida por la regeneración democrática, por lo que plantea una ley que modifique la legislación electoral estatal y autonómica y otras normas con el objetivo de eliminar los privilegios de los que disfrutan los políticos, una Ley de Responsabilidad de los cargos públicos por su gestión pública, la expropiación de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas y el endurecimiento en el Código Penal de las penas contra políticos corruptos”, manifestó Manolo Marrero.

En este sentido, el cabeza de lista al Congreso insistió en que “situaciones de corrupción como las que se dan en muchas instituciones públicas canarias, como por ejemplo el Ayuntamiento de Arona, o los casos recientes del ex-diputado gomero Esteban Bethencourt, o el también ex-senador gomero y presidente del Cabildo Insular Casimiro Curbelo, profundizan en la idea extendida en la ciudadanía de que la corrupción está generalizada y que todos los políticos son iguales, con lo que se está llevando a la actividad política y a la democracia en su conjunto, a una peligrosa situación de desprestigio que hay que afrontar con decisión, con medidas contundentes como las que llevaremos al Parlamento”.

“Los corruptos tienen el objetivo de generalizar la sombra de duda sobre el conjunto, para quedar difuminados, ocultos y poder seguir actuando impunemente. La sociedad debe señalar a los culpables y la justicia actuar con firmeza”, añadió Marrero.

Desde la coalición de la izquierda verde canaria se destaca que “no nos podemos quedar en silencio ante las noticias aparecidas en los medios acerca de la sentencia pactada entre el Ministerio Fiscal y el antiguo diputado regional de CC y ahora concejal por el PP de Valle Gran Rey, condenado por la Audiencia Provincial, por Sentencia en un Tribunal con Jurado Popular, a 4 años de prisión y 10 de inhabilitación para cargo público, acto que luego el Tribunal Supremo anuló, por considerar defectos de forma al estimar que no se habían fijado con claridad las cantidades malversadas” y se critica que “ como consecuencia de ese pacto, que fue posible por la inexplicable inhibición de la acusación que formulaba el Partido Socialista de La Gomera, y una dudosa actuación del Ministerio Fiscal, se queda en una pena de 1,5 años de inhabilitación, proponiendo el mismo fiscal el indulto de esta pena”.

“No tenemos ningún interés en enviar a alguien a la cárcel, pero es sorprendente que a un político condenado por apropiarse de fondos públicos no sea condenado e inhabilitado por muchos más años, e igualmente no entendemos que sea el propio Ministerio Fiscal quien proponga el indulto de esta pena”, puntualizó Manolo Marrero.