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Sábado, 25 de Noviembre de 2017 16:54

Tomamos la palabra contra la violencia machista. María Nebot

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Mara_NebotEn la campaña de este año por el 25N, Día Internacional para la erradicación de la violencia machista, desde la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria instamos a tomar la palabra. Seguimos apostando por la necesaria implicación de toda la sociedad en este problema de graves dimensiones que genera mucho dolor y sufrimiento a las personas implicadas, al tiempo que pone en cuestión los valores que deben sustentar nuestra convivencia. Llamamos a tomar la palabra para evidenciar que se hace necesario el uso de prácticas no violentas que nos ayuden a resolver los conflictos.

 

En Canarias ha ido en aumento el número de mujeres y menores que reclaman asesoramiento y atención de los servicios públicos especializados en violencia machista. Según datos del Ministerio, son ya cuatro las asesinadas en el archipiélago en lo que va de año, una en Gran Canaria y tres en Tenerife.

La evidencia de que algo no se está haciendo bien ni desde el Gobierno del Estado ni desde las diferentes administraciones públicas, motivó la iniciativa feminista que reclamaba el consenso de todos los partidos en torno a medidas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, y dio lugar al llamado Pacto de Estado contra la Violencia Machista, firmado en el Congreso el pasado mes de julio.

Este acuerdo, que reúne más de doscientas propuestas de actuación, es una buena noticia que, sin embargo, queda en el limbo por falta de compromiso presupuestario para su ejecución efectiva. Se ha aprobado para Canarias una financiación adicional de dos millones de euros que tendrían que consolidarse e integrarse en la financiación ordinaria de los servicios de atención, de prevención y de acogida. Aún no se ha aprobado el Presupuesto General del Estado de 2018, por lo que se desconoce si incluirá las demandas económicas para la ejecución del Pacto. Por otra parte, las administraciones locales continúan atadas por la conocida como Ley Montoro, que limita el gasto y la contratación de personal, dificultando la consolidación de equipos profesionales estables, los esfuerzos invertidos en formación y especialización.

Con todo, este Pacto recoge algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista. Por un lado, posibilita que las mujeres no estén obligadas a interponer denuncia para acreditar la condición de víctimas y poder acceder a los recursos, incluso a la protección, mediante la acreditación de los servicios sanitarios y sociales.

Establece también diversas medidas para reforzar el apoyo, la protección y la asistencia a menores que han estado sometidos a situaciones de violencia. Plantea mejoras referidas a la educación y a la formación de agentes sociales y jurídicos que intervienen directamente en el problema. Contempla la necesidad de potenciar el compromiso con los ayuntamientos y la recuperación de competencias que fueron recortadas en nombre de la crisis.

Pero insisto en que, para garantizar la puesta en marcha de estas medidas, es imprescindible que el Gobierno del Partido Popular afronte de manera inmediata la reforma de la Ley Montoro de racionalización de las administraciones locales y, al mismo tiempo, que el Gobierno de Canarias incremente las partidas que tengan que ver con la violencia machista en los presupuestos autonómicos.

Por otro lado, las medidas aprobadas no se fundamentan en un balance previo de lo que han sido estos 13 años de aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Surgen sin aterrizar en los problemas de su aplicación y desarrollo. Sin este análisis, se plantea un aumento de las medidas punitivas en detrimento de las preventivas, de la implicación ciudadana y del apoyo psicosocial para las mujeres en circunstancias de violencia.

Además no se tiene en cuenta que los condicionantes de género no afectan exclusivamente a las mujeres, también afectan a las personas con expresiones de género que se alejan del modelo de masculinidad y feminidad dominante, del binarismo. Como si la discriminación y las agresiones que padecen las personas transexuales, intersexuales, los gais y las lesbianas fuesen de otra naturaleza.

Interesante sería contemplar la necesidad de intervenir con los hombres, para deconstruir los modelos hegemónicos de masculinidades machistas. Porque si queremos avanzar hacia una sociedad igualitaria, tenemos que implicar a todas las personas que la integran. Sólo así podremos construir una sociedad justa, respetuosa con la diversidad, amable e igualitaria.

Tomar la palabra es la manera de continuar sumando igualdad, de ganar terreno al sexismo y la violencia, de abrir espacios de encuentro entre los feminismos y las administraciones que se concreten en políticas reales.

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María Nebot es militante de Sí se puede y consejera de Igualdad y Participación en el Cabildo de Gran Canaria. Puedes seguir sus perfiles en las redes sociales Facebook: @marianebotc y Twitter: @marianebotc

Ultima modificacion el Lunes, 27 de Noviembre de 2017 12:03